El Concejo Deliberante de San Francisco aprobó
por unanimidad el proyecto de ordenanza mediante el cual la Municipalidad
propone adherir a la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Provincial Antibúnker y
Antiaguantaderos.
El Gobierno provincial había enviado semanas
atrás el proyecto de ley a la Legislatura para crear este nuevo régimen que
permite actuar sobre “búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios
abandonados que representen un riesgo para la seguridad”. El objetivo más
importante de esta ley es la recuperación del espacio público.
Luego de ello, el oficialismo en el Concejo
Deliberante trató la adhesión de la ciudad a esta norma en la última sesión, lo
que fue acompañado por el arco opositor.
La ordenanza dispone que la implementación
operativa se realizará de acuerdo con la reglamentación provincial y a través
de convenios de cooperación, coordinación y asistencia que se celebren con las
autoridades provinciales competentes, los cuales deberán contar con la
autorización del Concejo Deliberante.
“La adhesión representa un compromiso explícito
del municipio para poner a disposición todos los recursos y herramientas a su
alcance, trabajando codo a codo con el Gobierno de la Provincia como autoridad
de aplicación”, destacó el edil del peronismo, Matías Beccaría.
Participación del municipio
En ese contexto, la participación de los
municipios se limita a tareas de colaboración territorial, técnica y operativa,
mediante la elaboración de informes, el aporte de recursos humanos y
logísticos, la ejecución de determinadas medidas y las acciones de recuperación
de los espacios intervenidos, siempre dentro de las competencias propias de
cada gobierno local y en el marco de los convenios que se suscriban con la
Provincia.
La adhesión no implica que el municipio asuma
facultades propias de la Provincia, del Ministerio Público Fiscal o del Poder
Judicial, ni lo convierte en autoridad de aplicación de la ley, sino que
constituye una manifestación institucional de acompañamiento a los objetivos de
la norma y de incorporación a sus mecanismos de cooperación
interjurisdiccional.
