El Gobierno de Córdoba implementará un nuevo
protocolo que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a
afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones
demandan.
La medida, formalizada por el Ministerio de
Seguridad, establece que los gastos ocasionados por intervenciones policiales,
brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los
padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la
Justicia.
A partir de ahora, toda intimidación pública,
amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no
solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los
costos operativos.
Procedimiento
El procedimiento prevé que, una vez
identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y
materiales utilizados en cada intervención.
Con esa información, el Estado avanzará con la
intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.
“Cada operativo de estas características
moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas
investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían
estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”,
explicó Juan Pablo Quinteros.
El funcionario remarcó que no se trata de
hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar,
generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta
inmediata del Estado.
El protocolo se implementará en coordinación
con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas
administrativas correspondientes.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza
en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan
efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar
cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y
ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó el ministro.
