El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que introduce cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias y en el abordaje de las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en
contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta
es la modificación de las condiciones para internar a una persona sin su
consentimiento cuando exista un riesgo grave para su vida, su integridad física
o la de terceros. La reforma habilita una mayor intervención médica en estas
decisiones y modifica los mecanismos de control previstos en la legislación
vigente.
El cambio reabre una discusión central sobre
los límites de la intervención estatal y sanitaria en la vida de las personas.
La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 que nunca llegaron a
aplicarla plenamente, establece que las internaciones involuntarias deben ser
excepcionales, cuando no existan alternativas eficaces y se determine una
situación de riesgo cierto e inminente, con garantías de evaluación
interdisciplinaria y control judicial.
La reforma modifica ese esquema y otorga mayor
protagonismo a la evaluación médica para determinar la necesidad de una
internación. Aunque el proyecto contempla mecanismos de revisión y notificación
a la Justicia, la flexibilización de los procedimientos plantea interrogantes
sobre las garantías para evitar decisiones arbitrarias y proteger la autonomía
de quienes atraviesan una crisis de salud mental.
Otro de los ejes de la iniciativa es el
abordaje de los consumos problemáticos, incluidas las comportamentales, como la
ludopatía. El texto también contempla cambios en la organización de los
servicios de salud mental y en las modalidades de atención, con participación
de profesionales de distintas disciplinas.
Sin embargo, la discusión no se agota en los
criterios para disponer una internación. La disponibilidad de equipos
interdisciplinarios, profesionales especializados, tratamientos ambulatorios y
dispositivos comunitarios resulta fundamental para garantizar una atención
adecuada. Sin recursos suficientes, existe el riesgo de que la internación
termine funcionando como respuesta ante la falta de alternativas terapéuticas y
de acompañamiento.
La ley vigente promueve un modelo de atención
comunitario, con un enfoque de derechos humanos y la integración de la salud
mental al sistema general de salud. La reforma impulsada por el oficialismo
vuelve a poner en discusión ese paradigma y el alcance de las garantías
destinadas a evitar que una persona sea privada de su libertad por motivos
vinculados a su padecimiento.
Con la aprobación del Senado, el proyecto pasó
a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.
