En
el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, sancionada por la
Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, el Gobierno de
Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación procedieron este jueves a la inactivación de tres puntos de venta
de estupefacientes en Frontera, localidad del departamento Castellanos
ubicada en el límite interprovincial con Córdoba.
El
ministro Pablo Cococcioni encabezó
los trabajos de maquinarias y operarios para el derribo y bloqueo de tres búnkeres situados en los barrios
Colegiales, San Roque y San Javier. Lo hizo acompañado por el fiscal Franco
Carbone, del Equipo de Microtráfico del MPA, jefes policiales y funcionarios
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
“Se
trata de un hecho histórico en la ciudad de Frontera al haber intervenido de la
manera que lo hicimos”, reconoció el fiscal Carbone.
Demoliciones
La
demolición del primer búnker intervenido en Frontera se llevó adelante en Calle
80 sin número, en una zona conocida como El Eucaliptal. El segundo derribo se
realizó en un inmueble ubicado en calles 21 y 108, en donde la justicia también
estableció que se comercializaba estupefacientes al menudeo. En tanto que el
tercer domicilio desactivado se sitúa en la zona de calles 96 y 9.
“En
dos casos se optó por el mecanismo de la demolición, mientras que en el otro se
hizo un desmantelamiento selectivo. A lo largo y a lo ancho de la provincia de
Santa Fe seguimos atacando los principales enclaves de venta de drogas, que
producen violencia, asesinatos, abusos de armas de fuego, para que en
definitiva podemos mejorarle la calidad de vida de la gente”, enfatizó Cococcioni.
Inactivación y derribos de
búnkeres
Con
estas tres primeras intervenciones en el departamento Castellanos, la cifra de
puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 42 en
toda la provincia. Estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en
un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe,
el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía
provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La
inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que
integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura
provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los
delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación
actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo,
se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización
y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en
concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga
los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la
desactivación directa del punto de venta.
El
ministro Cococcioni y el fiscal Carbone estuvieron acompañados por el jefe de
la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado; el segundo jefe provincial Daniel
Filchel; el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio
Basso; la subdirectora de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli; el subsecretario
de Seguridad Pública, Roque de Lima; el subsecretario de Análisis, Sebastián
Montenotte; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan
Manuel Musuruana; el coordinador territorial del departamento Castellanos,
Eduardo Cosentino; el jefe policial de la Unidad Regional V del departamento
Castellanos, Carlos Pagano; y el director de Coordinación Interjurisdiccional
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mauro Bertorino.
